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El sector gasista español ha valorado positivamente la aprobación del Real Decreto-ley 7/2026, considerándolo una respuesta adecuada ante la actual volatilidad de los mercados energéticos y los riesgos para la seguridad de suministro derivados del contexto internacional.
Las medidas adoptadas combinan actuaciones de carácter inmediato para aliviar el impacto en consumidores y empresas con otras de enfoque estructural que refuerzan la transición energética y la descarbonización del sistema.
Entre las iniciativas más destacadas, el sector subraya la flexibilización temporal de los contratos de suministro de gas, que permitirá a la industria adaptar su consumo sin penalizaciones hasta finales de 2026. Esta medida ofrece margen a las empresas para gestionar su actividad en escenarios de incertidumbre, contribuyendo a preservar la competitividad industrial y el empleo.
Asimismo, se valora el mantenimiento de medidas fiscales como la reducción del IVA al 10% y los tipos reducidos en el Impuesto sobre Hidrocarburos, que ayudan a contener el coste energético tanto para los hogares como para los sectores más intensivos en consumo. No obstante, el sector advierte de la incertidumbre que genera la limitación temporal de estas rebajas hasta junio y pide evaluar su posible prórroga.
Otro de los puntos clave es la asignación extraordinaria de capacidad de almacenamiento subterráneo a canon cero, una medida que incentiva el llenado voluntario de reservas y refuerza la resiliencia del sistema energético sin añadir cargas económicas adicionales.
En un contexto de precios elevados, esta decisión facilita el cumplimiento de las obligaciones europeas y fortalece la seguridad de suministro en España, que parte de una posición sólida gracias a sus infraestructuras y a la diversificación de fuentes.
En el ámbito estructural, el sector destaca el establecimiento de objetivos obligatorios de penetración de biometano, un paso relevante para integrar los gases renovables en el sistema energético. Este mecanismo aporta seguridad jurídica y predictibilidad a los inversores, sentando las bases para el desarrollo de un mercado nacional que contribuya tanto a la descarbonización como a la independencia energética.
Además, el desbloqueo administrativo de las infraestructuras de hidrógeno renovable, incluyendo el impulso al corredor H2MED, se interpreta como una señal clara del compromiso con este vector energético clave para Europa. El sector reclama, en este sentido, avanzar con rapidez en un marco regulatorio estable que facilite las inversiones necesarias.
El Real Decreto-ley también introduce mejoras en el Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, incorporando a los consumidores directos en mercado como sujetos obligados. Esta medida corrige desequilibrios previos y garantiza una distribución más equitativa del esfuerzo entre los distintos actores.
En conjunto, el sector considera que el decreto combina medidas de urgencia con reformas estructurales, aunque subraya la importancia de mantener un seguimiento continuo de la evolución del contexto energético para adaptar las decisiones con agilidad.
El sector gasista ha reiterado su compromiso con la seguridad de suministro, la competitividad económica y la transición hacia un modelo energético descarbonizado, poniendo en valor el papel estratégico de las infraestructuras gasistas y de los gases renovables en este proceso.
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