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El desafío hídrico de México es estructural y trasciende a los distintos periodos de la administración pública en todos sus niveles, con una acumulación de problemas que se agravan en la medida que avanza el cambio climático, la población crece y aumenta la demanda de agua potable. No obstante, nunca es demasiado tarde para corregir y actuar en consecuencia, por lo que el Gobierno Federal asegura tener al agua entre sus prioridades con un plan para modernizar su infraestructura, al tiempo que promueve un nuevo paradigma de eficiencia.
La actual administración, liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha anunciado que se priorizarán las inversiones en el sector hídrico, y declaró la urgencia de abordar el actual escenario de estrés hídrico y la necesidad de implementar soluciones integrales y de largo plazo.
Carlos Andrés Puente López, director de Proyectos de Agua, Energía y Medio Ambiente de Banobras, destacó la magnitud de este desafío: "El sector del agua enfrentará grandes retos para garantizar la seguridad hídrica, dadas las deficiencias administrativas, de gestión operativa y financiera, y de carácter técnico".
Estas deficiencias se manifiestan en una multiplicidad de problemas que abarcan desde la ineficiencia en la extracción y distribución del agua hasta la carencia de inversión en infraestructura y la administración inadecuada de los recursos hídricos disponibles. La seguridad hídrica, entendida como la capacidad que se tiene por parte de los organismos operadores para extraer y distribuir el recurso agua de manera eficiente, así como la capacidad de la población para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas y de calidad aceptable de agua, se ve amenazada por las deficiencias señaladas, lo cual, a su vez, pone en riesgo el desarrollo socioeconómico y el bienestar humano.
Las cifras reveladas por Puente describen un panorama preocupante. Solo el 58% de la población del país recibe agua diariamente en su domicilio, y se identifica a Guerrero como el estado más crítico en esta materia. Además, 21.3 millones de habitantes carecen de servicio público de agua, y 28.9 millones no cuentan con servicio público de alcantarillado. A estos desafíos cuantificados con exactitud se suman las pérdidas en las redes de agua potable, mismas que alcanzan niveles cercanos al 50 por ciento.
El agua no contabilizada, entendida como la suma de las fugas en las redes primarias y secundarias más tomas clandestinas y una infraestructura obsoleta, representa una pérdida económica que exacerba la escasez del recurso. Adicionalmente, en el sector agrícola, consumidor de la mayor parte del agua en México, las pérdidas se estiman en un 57% del total utilizado. La ineficiencia en el uso del agua para la agricultura es consecuencia del uso de técnicas de riego inadecuadas y de falta de inversión en tecnologías de conservación del agua, y contribuye de manera importante al estrés hídrico que afecta al país. "La suma de la demanda del abasto público e industrial equivale a la mitad de lo que se desperdicia en el campo", sentenció Puente de manera fulminante para hacer énfasis en la magnitud del desperdicio.
Puente continuó la radiografía hídrica nacional con la sobreexplotación y la intrusión salina que impactan a 155 acuíferos, lo que compromete la disponibilidad de agua dulce para las generaciones presentes y futuras. Detalló que la extracción de agua subterránea a un ritmo que supera su recarga natural provoca el agotamiento, mientras que la intrusión salina, resultado del bombeo excesivo en zonas costeras, contamina el agua dulce y la vuelve no apta para el consumo humano y la agricultura. Además, 20 zonas metropolitanas se encuentran en alto riesgo de emergencia hídrica. La concentración de población e industria en estas áreas ejerce una presión enorme sobre los recursos hídricos locales, lo que aumenta la vulnerabilidad ante sequías y otros eventos climáticos extremos.
Un cambio de paradigma
Para el funcionario, gran parte del problema radica en la deficiente cobranza de por la prestación de los servicios de agua a la población y las mínimas tarifas por uso de agua para la agricultura. “Este paradigma desincentiva el uso responsable del recurso y limita la capacidad de los organismos operadores para invertir en infraestructura y mejorar los servicios” dice.
“BANOBRAS ha llevado a cabo un análisis estratégico de las necesidades y prioridades de infraestructura, y ha colocado los proyectos hídricos en los pilares 2 (Desarrollo regional equilibrado) y 3 (Desarrollo urbano sostenible)", Continuó Puente. Explicó que se han identificado más de 45 proyectos en diversas etapas de desarrollo, con una inversión estimada que supera los 10 mil millones de dólares. Estos abarcan una amplia gama de soluciones, incluyendo la construcción de nueva infraestructura, la rehabilitación de sistemas existentes y la implementación de tecnologías innovadoras priorizando la gestión eficiente del recurso agua.
También señaló que esta administración traerá nuevas oportunidades para fortalecer la capacidad de BANOBRAS para impulsar más proyectos en diferentes áreas de intervención y contribuir al cumplimiento de los nuevos estándares establecidos en materia de Gestión Integral de los Recursos Hídricos a nivel de servicios públicos. Esto se traduce en un mayor apoyo financiero y técnico para los gobiernos locales y los organismos operadores, así como en el fomento de modelos de gestión que sean más eficientes y sostenibles.
Subrayó la importancia de establecer alianzas entre los diferentes niveles de gobierno, el sector privado, la sociedad civil y la academia. En este sentido, BANOBRAS y el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), desempeñarán un papel central en la creación de un ambiente de inversión favorable para la identificación, diseño e implementación de proyectos y programas de seguridad hídrica. Se priorizarán proyectos en grandes zonas urbanas, donde la demanda de agua es mayor y el estrés hídrico es más agudo; proyectos de eficiencia en la gestión de los sistemas de agua potable para reducir las pérdidas y mejorar la calidad del servicio; proyectos de inclusión financiera en municipios con bajos índices de desarrollo que permitan .garantizar que las comunidades más vulnerables tengan acceso a los recursos necesarios para mejorar su infraestructura hídrica; y esquemas de empresa mixta con participación federal, ahorro de energía, recuperación de agua, y generación de energía distribuida, los cuales promueven la sostenibilidad ambiental y la eficiencia económica.
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Proyectos Estratégicos 2024-2030
PNH
El Programa Nacional Hídrico 2024-2030 (PNH) contempla medidas tales como la ordenación de concesiones, la simplificación administrativa, el impulso al Programa Nacional de Tecnificación y la elaboración de un plan maestro de infraestructura, en coordinación con las entidades federativas y los municipios.
Este plan de infraestructura ya integra a 16 proyectos estratégicos para dotar de agua potable a las zonas que experimentan el mayor estrés hídrico, así como para la ejecución de obras de protección a la población con un enfoque prioritario en las soluciones basadas en la naturaleza y la gestión integrada de los recursos hídricos.
El PNH también incluye la recuperación de los ríos contaminados y vitales para el equilibrio ecológico como el Lerma-Santiago, el Atoyac y el Tula, para lo cual se proyectan medidas como la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, la regulación de las descargas industriales y agrícolas, y el fomento de prácticas sostenibles de uso del suelo.
El plan también contempla la construcción de acueductos presas, desaladoras y sistemas integrales de agua potable que combinan diversas fuentes de suministro y tecnologías de tratamiento, así como la ejecución de obras de saneamiento y protección contra inundaciones en diversas regiones del país. La inversión total estimada para la materialización de estos proyectos asciende a una cifra que supera los 100 mil millones de pesos.
“Resulta claro que la administración eficiente y sostenible del recurso hídrico constituye la única vía para asegurar la continuidad del desarrollo económico y el bienestar de la población, atendiendo a la necesidad de garantizar el derecho humano al agua, el cual se encuentra consagrado en el artículo 4° constitucional (justicia hídrica)" reflexionó Puente.
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