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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de anunciar la paralización de 13 nuevos proyectos basándose en la “prevalencia, prevención y precaución en materia medioambiental”.
Sin embargo, tras la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de diciembre, anulando las sucesivas suspensiones cautelares a más de 200 MW, quedó palpable que todos los parques que estaban siendo paralizados, tras demandas que argumentaban defectos en el proceso de consulta pública, se habían tramitado correctamente, según advierte la Asociación Empresarial Eólica (AEE).
Ante esta situación, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) considera que “la situación actual contribuye a la pérdida de confianza y de reputación para atraer nuevas inversiones. Los inversores de cualquier proyecto renovable en Galicia no cuentan con las garantías jurídicas para, una vez superados con éxito todos los trámites pertinentes regulados en la normativa en vigor, poder afirmar que podrán desarrollar las instalaciones sin verse paralizados en el proceso, con los consiguientes perjuicios económicos y patrimoniales”.
Según la AEE, Galicia necesitará 8 TWh adicionales para responder a la electrificación de la economía y a los 32 nuevos proyectos industriales de carácter estratégico. Supondrán 6.300 millones de euros de inversión y la creación de 14.000 empleos, entre directos e indirectos, según datos del estudio de impacto que se hizo público el pasado otoño. “Todo esto se perdería de seguir frenando la implantación de energía eólica, tan necesaria además para combatir el cambio climático. Hay unos 60 proyectos eólicos, que suponen 3.000 MW de potencia, afectados por la judicialización. Hablamos de unos 4.200 millones de euros y alrededor de 4.800 empleos durante cinco años”, añaden.
