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La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), sensible a las dificultades que el sector de la recuperación del residuo textil presenta, más si cabe con el golpe sufrido por la pandemia de la COVID-19, quiere estar al lado de los gestores de este material y hacer de altavoz ante las administraciones públicas locales para que se dé un trato adecuado a este flujo, en tanto que se trata de un servicio a la ciudadanía y aspecto esencial en la consecución de los objetivos de la Unión Europea de reducción de los residuos sólidos urbanos que acaban en vertedero, en el marco de las obligaciones de la economía circular.
La legislación marca unos plazos muy claros, 2025 para una recogida separada de textiles en los distintos Estados miembros
La legislación marca unos plazos muy claros, 2025 para una recogida separada de textiles en los distintos Estados miembros. Además, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Agencia de Residuos de Cataluña y la Comunidad de Madrid, cada año se desperdician en España en torno a 900.000 toneladas de residuo textil, que no se recogen selectivamente por gestores autorizados y que, por tanto, son vertidas de modo indebido.
Esto es fruto de multitud de factores que el sector entiende que deben ser paliados. En la actualidad, existen entes locales que no están realizando sus obligaciones de una manera adecuada.
Los entes locales deben garantizar la prestación de este servicio público de recogida y gestión del residuo textil de origen doméstico. No obstante, una buena parte de los ayuntamientos españoles aplican en las licitaciones públicas para el residuo textil criterios puramente económicos, o los ponderan excesivamente por delante de los criterios técnicos, ambientales o sociales, según nos indican nuestros asociados. Esto, unido a la aplicación de tasas de ocupación de la vía pública por realizar este servicio, supone para los gestores de residuos textiles un enorme esfuerzo económico que pone en grave riesgo el sector. Máxime, en la situación actual.
Por todo ello, desde FER, hacemos un llamamiento a los entes locales para que se fomenten estos criterios técnicos, ambientales y sociales, además de los económicos, así como se tenga en cuenta el pillaje, lo que permitirá a los operadores afrontar los retos de enorme calado que tienen por delante:
El mantenimiento y la mejora continua del servicio que se ofrece a la ciudadanía. Un servicio considerado esencial durante la crisis sanitaria y el estado de alarma, dada su importancia para el buen funcionamiento de las ciudades.
El cumplimento de los ambiciosos objetivos de la UE en materia de reciclaje, manteniendo la Jerarquía de Residuos y el European Green Deal como hojas de ruta.
El impulso de la economía circular, teniendo en cuenta que la fracción textil es una de las que mayor potencial de mejora tiene en estos momentos con la agenda marcada.
La inversión en innovación y en nuevas soluciones tecnológicas, que permitan además la creación de alianzas con otros actores de la cadena de valor con el fin de fomentar la circularidad a nivel local y con ello, fortalecer a fabricación de materias primas secundarias y productos de valor añadido.
El fomento de empleo verde y de calidad, puesto que se trata de un sector de enorme proyección en este sentido.
