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Por Pilar Arrayás, directora de Cartón Circular
La implantación de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) en los envases industriales ha abierto un debate que va más allá de quién financia la gestión de los residuos. La cuestión es cómo se articula la responsabilidad sobre esos residuos, quién aporta la información necesaria para acreditar su destino y cómo deben distribuirse los recursos económicos asociados al cumplimiento. Resolver estas cuestiones exige distinguir las funciones de cada actor y evitar que el reporte de la trazabilidad se convierta en un factor de distorsión del mercado del reciclaje.
En el ámbito industrial, el residuo de envase suele generarse lejos del punto de envasado. Una fábrica recibe materias primas, componentes o mercancías protegidas con palés, cajas, film y otros elementos de embalaje. Tras el desembalaje, estos materiales se incorporan a los flujos de residuos de la instalación, que debe clasificarlos, separarlos y organizar su entrega a un gestor autorizado para su tratamiento.
Esta operativa, habitual desde hace décadas, adquiere una nueva dimensión con la RAP. Las normativas nacional y europea vigentes establecen obligaciones específicas para los poseedores finales de residuos de envases industriales. Más concretamente, el Real Decreto 1055/2022, de envases y residuos de envases, en su artículo 42.5, indica que cuando el sistema de responsabilidad ampliada del productor no organiza directamente la gestión del residuo, corresponde al poseedor informar sobre la trazabilidad de los residuos de envases que genere. De este modo, la legislación sitúa al poseedor en el centro de la obligación de asegurar la gestión del residuo. A su vez, el artículo 44 regula la separación por materiales y la entrega de los residuos conforme a las vías previstas en la normativa.
Para las empresas, esto obliga a diferenciar dos posiciones que pueden coincidir en una misma organización: la de productor de producto, por los envases que pone en el mercado, y la de poseedor final, por los residuos que genera en sus instalaciones. Cada una responde a una realidad operativa distinta y requiere identificar correctamente las obligaciones aplicables.
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