17 de noviembre, 2026
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Entrevistamos al Gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), Luis Babiano, que ha trabajado como asesor en la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y en el Centro de Nuevas Tecnologías del Agua de Andalucía. Su trayectoria incluye la docencia en la Universidad de Sevilla y una estancia como profesor visitante en Oxford. Ante las elecciones generales, reclama que el agua deje de ser una promesa sectorial y se convierta en una política de Estado, con planificación, financiación y compromisos verificables que trasciendan los calendarios electorales y se construyan también desde los municipios, los operadores públicos y la ciudadanía.

1. Los españoles hablan de vivienda, sanidad y economía, mientras el agua apenas asoma a los programas electorales. ¿No hay una contradicción entre lo que preocupa a la gente y las infraestructuras que sostienen su vida cotidiana?

Luis Babiano. Los barómetros del CIS reflejan una sociedad preocupada, con toda la razón, por la vivienda, el coste de la vida y la calidad de los servicios públicos. Mientras el grifo funciona, tendemos a olvidar todo lo que hay detrás. Sin embargo, basta mirar un poco más allá de esas preocupaciones para descubrir que el agua está presente en muchas de sus soluciones: no hay vivienda digna sin abastecimiento y saneamiento, ni salud pública sin agua segura, ni actividad económica capaz de sostenerse sobre unas infraestructuras que envejecen sin que se garantice su renovación.

Sucede como con los cimientos de una casa, que nadie visita ni fotografía cuando se inaugura un edificio, aunque toda la construcción dependa de ellos. Por eso resulta paradójico que durante una campaña electoral podamos escuchar grandes propuestas sobre la construcción de viviendas y apenas se hable de las redes de distribución, los colectores o las depuradoras que esas viviendas necesitarán, como si las ciudades terminaran en la puerta de cada promoción inmobiliaria.

Pero también debemos hacer autocrítica desde el propio sector. Los operadores y nuestras asociaciones no siempre hemos sabido explicar a la ciudadanía hasta qué punto el agua ha sido decisiva en el nacimiento, el crecimiento y el desarrollo de sus municipios. Detrás de la expansión de una ciudad, de su actividad económica o de sus mejoras sanitarias encontramos decisiones e inversiones en abastecimiento y saneamiento que muchas veces han permanecido invisibles. Hemos sido capaces de construir y gestionar esas infraestructuras, pero no siempre de contar su historia ni de conseguir que la sociedad las reconozca como parte esencial de su propio progreso.

Es necesario conectar mejor esas políticas, explicando qué inversiones requieren, cómo se van a financiar y qué responsabilidades corresponden a cada administración, porque el agua no necesita convertirse en otra bandera electoral, pero sí encontrar respuestas políticas valientes, bien explicadas y planificadas, capaces de reconocer que muchos de los problemas que preocupan a la ciudadanía no podrán resolverse sin garantizar previamente los servicios que los hacen posibles.

2. La Agencia Europea de Medio Ambiente advierte de que los riesgos climáticos amenazan la seguridad europea. Sin embargo, después de cada sequía o inundación parece que volvemos a empezar. ¿Estamos abordando la adaptación climática con la importancia que merece?

Luis Babiano. Hay una cuestión que todavía no hemos conseguido trasladar suficientemente al debate político: buena parte de los impactos del cambio climático se manifiestan a través del agua. La primera Evaluación Europea de Riesgos Climáticos identificó 36 grandes riesgos para los ecosistemas, la alimentación, la salud, las infraestructuras y la economía. No se trata solo de previsiones. La Agencia Europea de Medio Ambiente estima que los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos ocasionaron más de 270.000 millones de euros en pérdidas económicas en la Unión Europea entre 2021 y 2025. Para España, el mismo indicador recoge 141.913 millones de euros en pérdidas acumuladas entre 1980 y 2025, equivalentes a 3.316 euros por habitante, la segunda cifra por habitante más elevada de la Unión Europea, con apenas un 11 % de los daños asegurados. Una sequía compromete la garantía del abastecimiento, una inundación puede inutilizar instalaciones esenciales y el deterioro de las captaciones encarece y complica la potabilización.

Durante muchos años hemos concentrado nuestros esfuerzos, con razón, en reducir las emisiones, pero la adaptación no siempre ha recibido la misma atención. Ambas políticas son inseparables: es indispensable seguir mitigando el cambio climático y, al mismo tiempo, preparar nuestras ciudades, nuestros sistemas de abastecimiento y saneamiento y nuestros territorios para convivir con riesgos que ya están presentes, porque hablar de seguridad climática sin incorporar el ciclo urbano del agua es como intentar jugar una partida de ajedrez dejando la reina fuera del tablero.

Si no cambiamos los criterios de diseño y explotación, Sísifo seguirá siendo un personaje demasiado habitual en nuestras emergencias: movilizamos recursos extraordinarios para reconstruir lo dañado y acabamos devolviendo la piedra al mismo punto de la ladera. Hay que pasar de la reparación a la anticipación, identificar vulnerabilidades y preparar la respuesta antes del siguiente episodio. Reconstruir sin corregir las causas puede significar pagar dos veces por el mismo problema.

Desde AEOPAS hemos querido contribuir a ese cambio de enfoque con una guía de adaptación climática elaborada junto a la Universidad de Sevilla, con la colaboración de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Recoge dieciséis experiencias de operadores públicos en reducción de pérdidas, gestión de la demanda, reutilización, drenaje sostenible y digitalización. También estamos trabajando en una guía de inundaciones que incorpora experiencias de Navarra desarrolladas por GAN-NIK, especialmente en planificación municipal, protocolos de actuación y sistemas de alerta temprana. Conocer el nivel de un río sirve de poco si antes no hemos decidido qué instalaciones proteger, quién debe actuar o cómo mantener el suministro durante una emergencia.

Tenemos conocimiento técnico y experiencias que demuestran que es posible hacer las cosas de otra manera. El siguiente paso consiste en conseguir que esas soluciones circulen entre los operadores y lleguen también a los municipios pequeños, porque la adaptación climática no puede depender del tamaño de una ciudad ni de su capacidad para atraer inversiones, y las buenas prácticas deberían viajar más deprisa que las avenidas.

3. España busca nuevos recursos para afrontar las sequías, pero Europa y el propio MITECO documentan el deterioro químico de numerosos acuíferos. ¿Estamos prestando suficiente atención a la calidad del agua y a la situación de los pequeños municipios?

Luis Babiano. Nuestra historia hidráulica se ha escrito fundamentalmente desde la preocupación por la escasez, hasta el punto de que muchas veces seguimos identificando seguridad hídrica con disponer de más recursos, cuando parte de nuestra disponibilidad también se pierde por problemas de calidad. La Agencia Europea de Medio Ambiente señala que aproximadamente el 23 % de la superficie de las masas de agua subterránea de la Unión Europea no alcanza el buen estado químico. En España, el Plan de Acción de Aguas Subterráneas del MITECO identifica 263 masas en mal estado químico sobre un total de 804 en los planes hidrológicos del periodo 2022-2027, cerca de una de cada tres. Son cifras que obligan a proteger mejor nuestras reservas naturales.

Estos datos no describen la calidad del agua que reciben los ciudadanos en sus hogares, sino el estado de los recursos que utilizamos o podríamos necesitar para producirla. Precisamente por eso importan: cuando un acuífero se contamina con nitratos, plaguicidas u otras sustancias, recuperar su calidad puede exigir décadas y costes muy superiores a los de haber evitado su deterioro.

La última sequía nos recordó que cantidad y calidad son dos caras del mismo problema, pero sus consecuencias no se reparten de manera uniforme. Una gran ciudad puede disponer de fuentes alternativas, conexiones entre sistemas y tratamientos capaces de afrontar determinadas incidencias. Muchos municipios rurales, en cambio, dependen de una única captación y carecen de medios técnicos y económicos para resolver problemas complejos. Lo que para un gran operador representa una dificultad de explotación puede convertirse en una amenaza para la continuidad del suministro de un pequeño pueblo. En esos casos, el problema ya no es solo de explotación, sino también de cohesión territorial.

Las aguas subterráneas constituyen una especie de despensa invisible de nuestra seguridad hídrica y no podemos permitirnos deteriorarla mientras buscamos nuevas fuentes de suministro. La reutilización de agua regenerada, la desalación donde resulte ambiental y económicamente viable, la interconexión de sistemas y la reducción de pérdidas tienen un papel importante, pero ninguna de esas soluciones debería sustituir la obligación de proteger las captaciones y actuar sobre las causas de la contaminación.

Al final, también estamos hablando de equidad territorial y de igualdad de derechos, porque garantizar agua segura exige algo más que construir infraestructuras. Requiere cooperación entre administraciones, capacidad técnica, vigilancia de la calidad y modelos de gestión que permitan compartir recursos, especialmente en los municipios pequeños y, de manera prioritaria, en los menores de 20.000 habitantes, para que el derecho humano al agua y al saneamiento no termine dependiendo del código postal.

4. Europa aprueba nuevas exigencias para las aguas residuales, pero España aún arrastra multas por incumplir una norma de 1991. ¿Qué está fallando en la depuración?

Luis Babiano. Una depuradora no cumple su función cuando se promete, ni siquiera cuando se construye, sino cuando entra en servicio y funciona correctamente. Hoy vivimos una paradoja que debería ocupar un lugar central en el debate público: mientras Europa nos exige instalaciones de nueva generación, capaces de eliminar nutrientes y microcontaminantes, España todavía arrastra incumplimientos de una Directiva aprobada en 1991, hace treinta y cinco años. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos impuso en 2018 una sanción de doce millones de euros y multas coercitivas de hasta 10,95 millones por semestre, sujetas al grado de incumplimiento pendiente. Es una factura que no es solamente económica: detrás de cada actuación aplazada encontramos vertidos que deterioran nuestros ríos y costas.

La propia Comisión Europea situaba a España, junto con Grecia e Italia, entre los Estados que estaban pagando sanciones económicas por incumplimientos de la normativa de aguas residuales urbanas. No es una comparación de quién gestiona mejor, sino una advertencia sobre la distancia que todavía separa nuestras obligaciones ambientales de su cumplimiento efectivo. La factura del retraso en depuración no se paga solo con dinero: también la pagan los ríos que reciben nuestros vertidos.

Sería injusto hablar de un fracaso general del sector, porque España dispone de operadores públicos con una importante capacidad técnica y experiencias de planificación, cooperación supramunicipal, modernización de depuradoras y reutilización de agua regenerada, como las desarrolladas por MARE en Cantabria, NILSA en Navarra, CADASA en Asturias, los consorcios de aguas del País Vasco o ABAQUA, EMAYA y Calvià 2000 en Baleares, por citar algunos ejemplos. Pero tampoco sería riguroso ignorar las dificultades que persisten en muchos territorios, desde la renovación de instalaciones hasta la ejecución de inversiones pendientes, como ponen de manifiesto los problemas de financiación del saneamiento en Andalucía o las dificultades para desarrollar determinadas actuaciones en Extremadura. No se trata de repartir títulos de buena o mala gestión, porque en todos los territorios conviven avances y desafíos, sino de exigir planificación, financiación estable y responsabilidades compartidas.

Y hay un principio que debería resultar incuestionable: el dinero que se recauda para el agua debe destinarse al agua, con cuentas claras, inversiones verificables y transparencia sobre cada euro comprometido y ejecutado. La confianza de la ciudadanía no se construye anunciando proyectos, sino demostrando que los recursos públicos cumplen la finalidad para la que fueron recaudados.

Para que las inversiones no se queden atrapadas en los despachos, también necesitamos una contratación pública más ágil y eficiente. La propuesta de nuevo Reglamento europeo de contratación pública, actualmente en tramitación y que contempla sustituir las directivas de 2014, incluida la que afecta al sector del agua, abre una oportunidad que España debería aprovechar para revisar también su Ley de Contratos del Sector Público. Se trata de simplificar y digitalizar procedimientos sin rebajar controles ni garantías, dando mayor peso a la calidad técnica, la eficiencia y la sostenibilidad frente al precio más bajo, y evitando obstáculos innecesarios a la gestión pública directa y a la cooperación entre municipios. Porque no tiene sentido exigir instalaciones cada vez más avanzadas mientras los procedimientos para ejecutarlas siguen consumiendo un tiempo del que nuestros ríos ya no disponen.

El éxito de las políticas hidráulicas debería medirse menos por los proyectos anunciados y más por las instalaciones que realmente funcionan y la calidad del agua que devolvemos al medio natural. La nueva Directiva europea ofrece una oportunidad para modernizar el saneamiento y avanzar en la reutilización, pero también obliga a resolver los incumplimientos pendientes. La depuración no es el final de una tubería, sino el principio de nuevas oportunidades para recuperar nuestros ríos y costas. Los ríos y las playas no entienden de legislaturas.

5. Se pide ahorrar agua a la ciudadanía, pero los servicios necesitan ingresos para renovar redes, depurar y adaptarse al cambio climático. ¿Hemos dejado la financiación del ciclo urbano atrapada en una contradicción?

Luis Babiano. Hemos pedido a los operadores que hagan cada vez más cosas con infraestructuras que envejecen y obligaciones ambientales y sanitarias crecientes, mientras buena parte de sus ingresos continúa dependiendo del volumen de agua facturado. Cuando la ciudadanía consume menos, como debe hacerlo, pueden reducirse los recursos económicos disponibles sin que desaparezcan los costes de mantener una red, explotar una depuradora o garantizar la calidad del suministro. Esta contradicción no se resuelve invitando a consumir más agua, sino con modelos de financiación coherentes con la eficiencia y la obligación de prestar un servicio esencial.

Ha llegado el momento de explicar con claridad lo que cuesta garantizar estos servicios, incorporando no solo los gastos de explotación, sino también la reposición de infraestructuras, la adaptación climática, la digitalización y las inversiones necesarias para cumplir las nuevas obligaciones europeas. De lo contrario, trasladaremos a las próximas generaciones unas necesidades de renovación que ya conocemos, porque las tuberías del pasado están empezando a presentarnos una factura que no desaparecerá por dejar de mirarla.

Pero esa factura no puede recaer únicamente sobre las espaldas de los ayuntamientos ni sobre el recibo doméstico. El próximo Gobierno debe colaborar activamente con las instituciones europeas, especialmente con la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones, y aprovechar los instrumentos financieros comunitarios para captar y movilizar recursos hacia una transición hídrica justa, dando prioridad a los municipios menores de 20.000 habitantes. Si Europa establece nuevos estándares ambientales y climáticos, debe contribuir también a hacer viable su cumplimiento, para que ningún territorio pequeño o rural se quede atrás.

Hablar de suficiencia financiera no significa defender incrementos indiscriminados de las tarifas. Hay que garantizar la asequibilidad del servicio, proteger a los hogares vulnerables y asegurar un mínimo vital de agua, sin cortes de suministro por incapacidad de pago. También debemos aplicar criterios de progresividad que distingan entre consumos esenciales y los que exceden las necesidades básicas. La confianza de la ciudadanía también depende de saber qué se hace con el dinero que aporta a través del recibo.

España necesita un marco de regulación del ciclo urbano del agua que establezca criterios comunes de transparencia, calidad, eficiencia, sostenibilidad económica y rendición de cuentas, respetando las competencias municipales y la diversidad territorial. Tampoco podemos exigir a un municipio de quinientos habitantes la misma capacidad técnica y financiera que a una gran empresa metropolitana y desentendernos después de cómo cumple. En estos casos, la cooperación supramunicipal deja de ser una simple alternativa organizativa para convertirse en un instrumento de cohesión territorial. La cuestión no consiste en elegir entre agua asequible e infraestructuras modernas, sino en encontrar una financiación justa y suficiente que permita garantizar ambas cosas.

6. El 29 de noviembre se vota un Gobierno, pero las infraestructuras hidráulicas necesitan décadas de planificación. Los partidos vuelven a hablar de grandes pactos del agua. ¿Qué tendría que cambiar para que esos acuerdos sobrevivieran a las legislaturas?

Luis Babiano. Seguimos intentando gobernar infraestructuras que deben prestar servicio durante cincuenta años con una mirada que muchas veces apenas alcanza hasta las siguientes elecciones. Los acuíferos necesitan décadas para recuperarse, las redes requieren programas continuados de renovación y las obligaciones ambientales no desaparecen cuando cambia un Gobierno. Por eso el agua necesita acuerdos políticos amplios y una planificación económica y técnica que los convierta en compromisos verificables.

Un pacto del agua no debería medirse por el número de dirigentes que comparecen ante un atril, sino por su capacidad para establecer prioridades compartidas, presupuestos suficientes, responsabilidades claras y mecanismos públicos de seguimiento. Llevamos demasiado tiempo confundiendo planificar con aprobar documentos. Recordaba Séneca que lo decisivo es enseñar a obrar, no a decir, y conseguir que las obras concuerden con las palabras. Lo importante es saber qué inversiones hacen falta, cuánto costarán, quién debe pagarlas y cómo, quién debe ejecutarlas y cómo podremos comprobar que mejoran el servicio.

También debemos superar la idea de que los grandes acuerdos se construyen exclusivamente entre partidos. Los municipios, los operadores públicos, las universidades, los sectores económicos, las organizaciones sociales y la ciudadanía tienen mucho que aportar. Si un pacto se firma sin quienes conocen las redes y viven las consecuencias de las decisiones, corre el riesgo de parecerse a una mesa cuidadosamente preparada a la que no hemos invitado a quienes deben sentarse a comer. Participar no consiste en escuchar decisiones ya tomadas, sino en compartir datos, reconocer diferencias y construir compromisos duraderos.

Desde AEOPAS siempre hemos entendido la gestión pública como una casa común, no como un lugar donde todos debamos pensar igual, sino como un espacio donde el conocimiento técnico y la cooperación permitan encontrar soluciones compartidas. Existen diferencias legítimas sobre las prioridades, los instrumentos de gestión y la financiación, pero también disponemos de un terreno de encuentro amplio: la protección de las captaciones, la adaptación a sequías e inundaciones, la depuración, la renovación de redes y la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento.

Me gustaría que después del 29 de noviembre fuéramos capaces de sustituir el calendario de anuncios por una hoja de ruta que pudiera continuar el siguiente Gobierno, con inversiones programadas, indicadores públicos y rendición de cuentas ante la sociedad. El agua necesita acuerdos que unan, responsabilidades compartidas y compromisos que se cumplan. Ese es el mejor puente entre legislaturas: medir los pactos no por la fotografía de su firma, sino por su capacidad para poner en marcha medidas reales que garanticen una transición hídrica justa.

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