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AEVERSU, ASELIP y Circularis solicitan a las instituciones europeas una regulación que permita a España cumplir los objetivos de economía circular antes de 2035.
A las tres asociaciones les preocupa el daño que causaría a España la posible incorporación de la valorización energética de residuos municipales al régimen europeo de comercio de derechos de emisión (EU ETS), tal y como han trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La propuesta de revisión del EU ETS presentada por la Comisión Europea el 17 de julio contempla la inclusión progresiva de la incineración con recuperación de energía de residuos municipales no peligrosos entre 2031 y 2034. El planteamiento también incorpora los vertederos al sistema de seguimiento, notificación y verificación de emisiones (MRV) y prevé evaluar, antes del 31 de diciembre de 2034, la conveniencia de incluirlos plenamente en el mercado de carbono.
Los representantes de estas asociaciones consideran que, de mantenerse esta perspectiva, no sólo no se dará lugar la reducción de emisiones esperada en el sector de los residuos dificultando el cumplimiento de las políticas climáticas en España, sino que también se verá dificultada la necesaria transición hacia la circularidad que pretende impulsar la futura Ley de Economía Circular europea.
Tanto AEVERSU, como ASELIP y Circularis han advertido al Gobierno de España que la introducción de un precio armonizado del carbono en la incineración con recuperación de energía podría tener sentido en los países de la Europa del norte, donde se cuenta con una amplia red, ya construida, de valorizadoras, que les permiten cumplir con el objetivo de reducción de vertido exigido por la Unión Europea. Sin embargo, tendría un impacto enormemente negativo sobre la mayoría de los países del sur de Europa, ya que presentan un notable déficit de estas instalaciones y, como consecuencia, una tasa de vertido muy por encima del objetivo impuesto por la UE (tal y como señala el Tribunal Europeo de Cuentas en su Informe Especial 23/2025: Gestión de los residuos municipales).
Por ello, reclamamos que la futura regulación tenga en cuenta estas particularidades geográficas, y evite imponer costes adicionales a los ayuntamientos y a los ciudadanos españoles, en la necesaria transición hacia una economía circular.
Las tres organizaciones consideramos que la aplicación del EU ETS exclusivamente a la valorización energética pueda alterar el equilibrio económico entre las distintas opciones de tratamiento y favorecer el desvío de residuos hacia los vertederos, lo que, objetivamente, ralentizaría la descarbonización de España (dadas las emisiones de metano asociadas al vertido de residuos y la elevada dependencia de esta solución final que presenta aún nuestro país). Prolongar la presencia de los vertederos arruinaría los esfuerzos realizados por el sector para luchar contra el cambio climático.
Los datos hablan por sí solos: España mantiene una elevada dependencia del vertedero en la gestión de sus residuos municipales y no avanza a la velocidad adecuada en materia de reciclado.
Así, según los últimos datos aportados por la Comisión Europea, el 47,3 % de los residuos municipales generados en nuestro país terminó en vertedero en 2024, una proporción que supera excesivamente el promedio del 21,3 % registrado en el conjunto de la Unión Europea.
Las diferencias también se reflejan en el reciclaje. España alcanzó una tasa del 42,5 %, situándose 5,6 puntos porcentuales por debajo de la media comunitaria, que llegó al 48,1 %. Estas cifras evidencian la distancia que todavía separa al sistema español de los objetivos europeos de gestión de residuos.
En este mismo sentido, la normativa de la UE establece que, en 2035, la proporción de residuos municipales destinados a vertedero deberá reducirse hasta un máximo del 10 %. España, para cruzar esta meta, tendría que disminuir su tasa actual en
37,3 puntos porcentuales, lo que pone de manifiesto la magnitud del esfuerzo pendiente. Es por este motivo, por el que el tratamiento de los residuos municipales constituye uno de los principales desafíos de nuestro país en su transición hacia un modelo de economía circular.
AEVERSU, ASELIP y Circularis consideran que las decisiones regulatorias tomadas tanto en Madrid como en Bruselas deberían considerar adecuadamente el conjunto del sistema de gestión de residuos y sus consecuencias sobre el cumplimiento de la jerarquía europea de residuos, reconociendo la contribución del sector de los residuos a la reducción y la prevención de emisiones de CO₂ mediante la limitación de los depósitos en vertedero, gracias a las instalaciones de tratamiento y de valorización
Por lo anterior, la futura Directiva para la reforma del sistema EU ETS debe contemplar la posibilidad de solicitar la exclusión de las incineradoras de residuos municipales en aquellos Estados Miembro que no cumplen ni estén en condiciones de cumplir con los objetivos de depósito en vertedero de residuos exigidos para 2035, acompañada de la presentación de un plan de inversiones para la ejecución de la infraestructura de tratamiento necesaria para su cumplimiento en dicho Estado Miembro.
Una vez alcanzados los objetivos, las tres organizaciones sostienen que tanto el Parlamento Europeo, como la Comisión Europea , el Consejo de la Unión Europea y el Gobierno de España deben trabajar para aplicar adecuadamente el principio de “quien contamina, paga”, establecido en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por el cual el coste del carbono debe trasladarse hacia las fases anteriores de la cadena de valor (productores de residuos, y en su caso, productores de producto), de manera que la responsabilidad por las emisiones no recaiga sobre las instalaciones encargadas del tratamiento final de los residuos municipales (sin poder de decisión sobre los residuos que tratan ni por tanto, del CO2 que emiten).
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