Empresas Premium
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) celebró ayer en su sede el debate «29N: Industria y energía, a debate», un encuentro con representantes de los cuatro partidos nacionales con mayor representación parlamentaria para abordar los principales retos de la política energética e industrial en España.
La jornada contó con la participación de Juan Diego Requena, portavoz de Energía del Partido Popular; Álvaro Abril, secretario de Transición Justa y Medio Ambiente del PSOE de Madrid; Ana Cuartero, diputada y secretaria general del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid; y Paz Serra, diputada de Más Madrid en la Asamblea y coportavoz de Verdes Equo Madrid, en representación de Frente Amplio.
Durante la bienvenida, el decano del COIIM, Fabián Torres, reclamó «un gran pacto de Estado por la energía y la industria, con una estabilidad y con una visión de muy largo plazo que aporte seguridad y certidumbre a ciudadanos, empresas e inversores». Asimismo, reiteró el objetivo de que la industria supere el 20% del PIB y defendió la necesidad de «revisar la Ley de Industria de 1992».
El encuentro fue impulsado por Cristina García Bajo, vocal de la Comisión de Energía del COIIM/AIIM, que moderó el bloque dedicado a generación y estabilidad del sistema. Por su parte, Hàjar El Mansouri, del equipo de Public Affairs de Octopus Energy, condujo el apartado centrado en demanda y electrificación.
El futuro de las centrales nucleares concentró las mayores discrepancias entre los representantes políticos. La diputada de VOX, Ana Cuartero, manifestó su oposición al cierre del parque nuclear: «Somos absolutamente contrarios al cierre de las centrales nucleares». En este sentido, aseguró que su partido «derogaría» el calendario de cierre y lo «ampliaría hoy para estabilizar la red eléctrica y mañana para los centros de datos».
Por su parte, el representante del PSOE, Álvaro Abril, defendió mantener la hoja de ruta vigente. «Hay un calendario nuclear que hay que cumplir, con lo cual, en 2035 las centrales nucleares tienen que estar cerradas», afirmó. También señaló que en 2030 el 81% de la energía eléctrica del país deberá proceder de fuentes renovables.
Desde el Partido Popular, Juan Diego Requena aseguró que su formación quiere «alargar la vida útil de las centrales nucleares» y defendió un modelo de generación que combine «nuclear, renovables, hidráulica de almacenamiento y flexibilidad de la demanda». «Tenemos que pasar de un liderazgo renovable» a «un liderazgo en gestión energética», añadió.
En una posición diferente, Paz Serra, representante de Frente Amplio, destacó que España cuenta con una «lotería geográfica en forma de sol y viento que hay que saber aprovechar». Su propuesta pasa por alcanzar un mix energético «100% renovable» en 2040, con objetivos intermedios del 81% en 2030 y del 90% en 2035. Además, reclamó la creación de un «fondo generacional de la energía» inspirado en el fondo soberano noruego.
El desarrollo de los centros de datos en España fue otro de los asuntos abordados durante el encuentro. Ninguno de los partidos se mostró contrario a su implantación, aunque los representantes plantearon diferentes condiciones para garantizar su integración en el sistema eléctrico.
Paz Serra propuso auditar los accesos concedidos y adjudicarlos mediante concurso para evitar «un acaparamiento tanto de la red como del agua y del suelo».
Álvaro Abril también defendió una planificación de estas instalaciones que garantice un suministro renovable y estable. Por su parte, Juan Diego Requena reclamó diferenciar los proyectos reales de las solicitudes redundantes o destinadas a acaparar capacidad de conexión. Asimismo, planteó incorporar requisitos de eficiencia energética e hídrica.
Ana Cuartero, por último, apostó por facilitar la implantación de estos centros y adaptar la regulación a los proyectos que dispongan de generación y redes propias, evitando que el coste de las nuevas infraestructuras eléctricas recaiga sobre el consumidor final.
La saturación de las redes eléctricas y el coste de la electricidad centraron el bloque dedicado a la electrificación de los hogares, el transporte y la industria.
En este apartado, Requena planteó un plan de choque para resolver en un plazo de entre 12 y 18 meses los «problemas de conexión de la demanda». Su propuesta también incluyó una reducción de la carga fiscal, la supresión del impuesto del 7% a la generación eléctrica y medidas de apoyo a la industria electrointensiva, además de una tarifa social para los consumidores vulnerables.
Desde Frente Amplio, Serra apostó por una tarifa social que garantice un «umbral mínimo de consumo para todos los hogares», con precios progresivos en función del consumo. También reclamó incorporar la refrigeración a las políticas contra la pobreza energética y facilitar el acceso a la rehabilitación, las bombas de calor y el autoconsumo compartido.
Álvaro Abril defendió los incentivos a la electrificación industrial, las bonificaciones municipales para la instalación de bombas de calor y los certificados de ahorro energético. Asimismo, propuso orientar la fiscalidad conforme al principio de «quien contamina, paga».
Por último, Ana Cuartero puso el foco en la necesidad de adaptar las redes y la regulación a las necesidades de viviendas e industrias, con el objetivo de evitar que la falta de capacidad de conexión frene nuevos desarrollos y proyectos productivos.
|