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La Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua alerta del déficit de inversión acumulado, superior a 35.000 millones de euros en el ciclo urbano del agua, y reclama compromisos plurianuales para modernizar las infraestructuras y mejorar la gestión.
La Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (ASAGUA) ha reclamado a las administraciones públicas un cambio de rumbo en la gestión del ciclo urbano del agua. Durante su asamblea anual, celebrada el 14 de octubre, la entidad ha defendido la necesidad de pasar de los anuncios a la ejecución efectiva de proyectos mediante una planificación a largo plazo, financiación estable y procedimientos de contratación adaptados a las necesidades reales del sector.
ASAGUA advierte de que los problemas del agua han dejado de ser coyunturales y responden a deficiencias estructurales, entre las que destaca la falta de inversión sostenida y la ejecución insuficiente de los presupuestos destinados a este ámbito.
Según las cifras recogidas por la asociación, el déficit de inversión acumulado en el ciclo urbano del agua supera los 35.000 millones de euros, mientras que las necesidades para la próxima década se estiman en 100.000 millones. Ante esta situación, la entidad considera necesario establecer compromisos presupuestarios plurianuales y finalistas, disponer de proyectos maduros y agilizar los procedimientos administrativos para que las inversiones puedan ejecutarse dentro de los plazos previstos.
ASAGUA ha presentado una hoja de ruta con ocho medidas prioritarias para mejorar la planificación, la financiación y la gestión de las infraestructuras hidráulicas:
Inversión plurianual vinculante: priorizar la renovación de redes, el saneamiento y la depuración, y garantizar presupuestos estables para la operación y el mantenimiento.
Un regulador único: reorganizar la gobernanza del agua mediante una autoridad que establezca estándares, criterios tarifarios y obligaciones de transparencia, con atención a la solidaridad territorial y la protección social.
Tarifas vinculadas a los costes: avanzar hacia la recuperación de costes del servicio, incluida la primera instalación, en línea con la Directiva Marco del Agua, y evitar distorsiones en la fijación de precios.
Reforma de la contratación pública: reforzar el peso de las memorias técnicas, establecer umbrales técnicos y aplicar con rigor los criterios para identificar ofertas anormalmente bajas.
Revisión de precios en los contratos: incorporar mecanismos eficaces que permitan restablecer el equilibrio económico, también en los contratos de servicios, teniendo en cuenta los costes energéticos.
Colaboración público-privada: facilitar fórmulas viables que permitan acelerar las inversiones cuando los recursos presupuestarios sean insuficientes, adaptando el marco regulatorio.
Planificación frente a sequías e inundaciones: reforzar la resiliencia mediante criterios técnicos y una combinación de recursos convencionales y no convencionales.
Digitalización e I+D+i: impulsar herramientas para mejorar la eficiencia, controlar las pérdidas, elevar la calidad del servicio y anticipar incidencias, con equipos preparados para gestionar estos cambios.
La asociación insiste en que la inversión en agua tiene implicaciones que van más allá de la actividad empresarial. La considera esencial para la salud pública, el cumplimiento de los objetivos ambientales y la seguridad ante fenómenos como las sequías y las inundaciones.
En este sentido, ASAGUA advierte de que más de un tercio del presupuesto destinado a capítulos clave queda sin ejecutar, una situación que, a su juicio, contribuye a prolongar los plazos, cronificar los incumplimientos y acelerar la pérdida de valor del patrimonio hidráulico.
«Invertir en agua no es una cuestión sectorial: es invertir en salud pública, es cumplimiento ambiental y es seguridad ante sequías e inundaciones», destaca la asociación. Para revertir esta situación, reclama que el agua sea reconocida como una infraestructura estratégica esencial y cuente con reglas estables, tarifas coherentes con los costes, una gobernanza ordenada y una planificación nacional que se materialice en actuaciones concretas.
ASAGUA recuerda que el agua constituye un pilar para la salud, la competitividad económica, la sostenibilidad ambiental y la cohesión territorial de España. Aunque las empresas del sector han demostrado capacidad de adaptación en escenarios difíciles, la asociación considera que no pueden sustituir las responsabilidades de las administraciones en materia de planificación, financiación y contratación.
Por ello, insta a los gestores públicos a convertir los diagnósticos en decisiones y las decisiones en proyectos ejecutados. La entidad defiende que la modernización de las infraestructuras hidráulicas requiere financiación estable, seguridad jurídica y una contratación pública que responda a las condiciones reales del sector.
El objetivo, concluye ASAGUA, es superar la inercia que mantiene al sector en un ciclo recurrente de anuncios y retrasos, y garantizar que la inversión en agua se traduzca en mejores servicios para la ciudadanía y en infraestructuras preparadas para las necesidades futuras.
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