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El sector del agua reclama una planificación de las infraestructuras a largo plazo, al margen de los ciclos electorales, y un marco estable que permita movilizar y ejecutar con mayor rapidez las inversiones necesarias para reforzar la seguridad hídrica de España.
Esta ha sido una de las principales conclusiones de la jornada técnica “Financiando el Agua del Futuro: Planes, Herramientas y Modelos de Inversión”, organizada por la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR) en Madrid.
El encuentro reunió a representantes de Administraciones públicas, empresas, entidades financieras y usuarios para abordar las principales barreras que condicionan la financiación de nuevas infraestructuras hidráulicas. Los participantes coincidieron en que España dispone de capacidad tecnológica, conocimiento y empresas especializadas, pero que es necesario crear las condiciones que permitan convertir estos recursos en proyectos ejecutables.
La disponibilidad de financiación, la estabilidad regulatoria, una adecuada estructuración de los proyectos y una correcta asignación de riesgos se situaron entre los factores necesarios para acelerar las inversiones.
En este sentido, una de las ideas compartidas durante la jornada fue que el problema no reside siempre en la falta de financiación, sino en la escasez de proyectos suficientemente maduros para poder captar y ejecutar los recursos disponibles en los plazos necesarios.
La presidenta de AEDyR, Belén Gutiérrez, defendió que las infraestructuras hidráulicas deben considerarse “infraestructuras de país” y, por tanto, trascender los ciclos electorales. También reclamó una planificación con visión de largo plazo y continuidad en las decisiones de inversión, además de avanzar hacia un pacto nacional por el agua basado en el diálogo entre Administraciones, fuerzas políticas, usuarios y profesionales.
La jornada también puso el foco en las dificultades administrativas que retrasan el desarrollo de las infraestructuras. Entre los principales obstáculos señalados estuvieron los largos plazos de tramitación ambiental y sectorial, la complejidad competencial y las dificultades para estructurar determinados modelos de colaboración público-privada.
Los participantes reclamaron una actualización del marco de la obra pública y una mayor agilidad en los procedimientos, junto con mecanismos que permitan mejorar la recuperación de costes y valorar también el impacto económico de no ejecutar a tiempo las infraestructuras necesarias.
En relación con la colaboración público-privada, representantes de empresas como ACCIONA, Almar Water Solutions, Aqualia y GS Inima destacaron la necesidad de disponer de contratos de largo plazo, demanda real, seguridad jurídica y una distribución adecuada de los riesgos.
El objetivo, señalaron, no debe ser trasladar todos los riesgos al sector privado, sino asignarlos al agente que esté en mejores condiciones para gestionarlos.
Otro de los bloques de la jornada estuvo dedicado a las herramientas disponibles para facilitar la internacionalización de las empresas españolas del agua.
Representantes del Ministerio de Economía, ICO, CESCE, ICEX y COFIDES analizaron diferentes mecanismos públicos de financiación, cobertura de riesgos y apoyo a las inversiones en mercados internacionales. Los participantes destacaron la importancia de que las empresas conozcan estos instrumentos y recurran a ellos desde las primeras fases de los proyectos, incluso antes de las licitaciones.
El sector español cuenta con una posición destacada en ámbitos como la desalación, reutilización, depuración avanzada, eficiencia de redes y digitalización, además de capacidad para integrar diferentes fases de la cadena de valor.
Durante la jornada se señaló, no obstante, que la capacidad tecnológica debe complementarse con estructuras financieras adecuadas para competir en proyectos internacionales, caracterizados por sus elevados volúmenes de inversión y largos periodos de maduración.
Las entidades financieras participantes incidieron en que la viabilidad técnica de una infraestructura no garantiza por sí sola su financiación. La bancabilidad de los proyectos depende también de factores como la capacidad para generar ingresos estables, la solvencia y experiencia del promotor, la estructura contractual, la seguridad jurídica y la gestión de riesgos.
La financiación sostenible aparece además como una vía para ampliar las fuentes de capital disponibles, mientras que la participación de las entidades financieras desde las primeras fases puede contribuir a mejorar la estructura de los proyectos.
Desde el punto de vista de los usuarios, representantes de los sectores agrícola, industrial y urbano coincidieron en que la demanda debe actuar como motor de las nuevas inversiones. Para ello, consideran necesario anticipar las necesidades antes de que aparezcan las oportunidades de financiación.
La jornada concluyó con una llamada a conectar las perspectivas de Administraciones, empresas, financiadores y usuarios para convertir las necesidades de inversión en proyectos ejecutables.
Las conclusiones apuntan a que España dispone de conocimiento, tecnología, empresas y capacidad financiera para afrontar buena parte de los retos de la gestión del agua, pero necesita articular estos recursos mediante una planificación estable, proyectos maduros, una adecuada asignación de riesgos y un marco que permita reducir los plazos de ejecución.
En este sentido, Belén Gutiérrez resumió el principal reto del sector señalando que la seguridad hídrica debe construirse antes de que llegue la próxima sequía, mediante planificación e inversión anticipadas.
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