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La gestión de los lixiviados en Madrid afronta el desafío de reducir los volúmenes de concentrado y abordar la posible presencia de contaminantes persistentes como los PFAS, mientras se busca disminuir la dependencia del transporte en camiones cisterna hacia instalaciones externas.
Los lixiviados se encuentran entre los efluentes más complejos asociados al tratamiento de residuos. Su composición y caudal pueden experimentar importantes variaciones en función de factores como la pluviosidad, la edad del vertedero o los episodios de lluvias intensas.
En Madrid, las instalaciones destinadas al tratamiento de residuos urbanos cuentan con sistemas consolidados y sometidos a un marco regulatorio exigente, aunque la gestión de estas corrientes continúa planteando retos técnicos y económicos.
El principal desafío se concentra en las corrientes residuales que permanecen después de los procesos de tratamiento. La aplicación de tecnologías como la ósmosis inversa permite obtener agua de elevada calidad, pero genera un rechazo en el que se concentran sales, materia orgánica y otros contaminantes.
Los datos correspondientes al Parque Tecnológico de Valdemingómez, situado en el distrito madrileño de Villa de Vallecas, permiten dimensionar esta problemática.
Durante el ejercicio 2025, las instalaciones derivaron 51.029 metros cúbicos de lixiviados en camiones cisterna hacia gestores externos autorizados, dentro de un volumen total gestionado bajo este contrato de 51.529 metros cúbicos.
Según la memoria anual del complejo, las operaciones de carga, transporte y tratamiento externo de los lixiviados representaron un coste de 2.202.815,09 euros para las arcas municipales.
Esta dependencia de instalaciones externas está relacionada con la naturaleza variable de los lixiviados y con la capacidad disponible en los sistemas de tratamiento locales. Las plantas pueden trabajar con caudales medios de hasta 400 metros cúbicos diarios, pero determinados episodios meteorológicos o incrementos puntuales de caudal pueden aumentar la presión sobre las instalaciones.
En la gestión habitual de estos efluentes, cuando las balsas de retención de lixiviados alcanzan niveles elevados o los sistemas locales necesitan apoyo, parte del flujo puede trasladarse a instalaciones externas autorizadas.
Algunas instalaciones de referencia emplean sistemas que combinan filtración, acondicionamiento químico y diferentes etapas de ósmosis inversa. Estos procesos permiten recuperar agua que puede destinarse a determinados usos internos, como el baldeo, pero también generan una corriente residual mucho más concentrada.
«Una membrana separa con enorme solvencia, pero separar no equivale a destruir».
Francisco Javier Maciá, responsable de desarrollo de negocio de CONSEPTEC en España.
Según explica Maciá, el tratamiento mediante membranas permite obtener un agua de elevada calidad, pero concentra en el rechazo las sustancias que no atraviesan las membranas.
Por ello, uno de los objetivos actuales de la ingeniería aplicada al tratamiento de lixiviados de vertedero es reducir los volúmenes que deben transportarse y trasladar una mayor parte de la gestión al propio punto de generación.
A la gestión del concentrado se suma la preocupación por determinados contaminantes emergentes y sustancias persistentes. Entre ellos destacan las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), conocidas habitualmente como «químicos eternos» por su elevada persistencia ambiental.
La presencia de estos compuestos plantea un desafío adicional porque los tratamientos biológicos convencionales de las aguas residuales urbanas no están diseñados necesariamente para eliminar de forma completa este tipo de sustancias.
Esto hace especialmente relevante conocer su comportamiento en las distintas etapas de tratamiento y gestionar adecuadamente las corrientes en las que puedan concentrarse.
En este contexto, la estrategia no pasa necesariamente por sustituir las tecnologías existentes, sino por estudiar la integración de procesos complementarios adaptados a las características de cada instalación.
Los expertos consultados señalan que no existe una solución universal para el tratamiento de lixiviados. La alternativa tecnológica debe definirse a partir de parámetros como la composición del lixiviado, el caudal, la capacidad de tratamiento disponible y el volumen de concentrado que se pretende reducir.
Madrid dispone de operadores e infraestructuras con una amplia experiencia en este ámbito. El siguiente paso consistiría en analizar cómo aprovechar esas instalaciones para aumentar la recuperación de agua, disminuir el volumen residual e incorporar tecnologías adicionales cuando exista una justificación técnica y económica.
Como referencia, Maciá cita un proyecto desarrollado en la provincia china de Hainan, donde una instalación con un elevado caudal de lixiviados y capacidad local insuficiente dependía del transporte externo.
La solución combinó tecnologías de membranas y una etapa térmica para recuperar agua de proceso y reducir significativamente la corriente residual.
La experiencia pone de manifiesto que el tratamiento de lixiviados requiere analizar conjuntamente la recuperación de agua y la gestión del concentrado.
La incorporación de etapas de concentración o, cuando resulte técnica y económicamente viable, de evaporación, puede estudiarse como complemento de los procesos existentes.
Para Madrid, este planteamiento permitiría evaluar nuevas fórmulas para reducir el volumen de residuos líquidos transportados por carretera, mejorar la estabilidad de los costes operativos y limitar la presión sobre las instalaciones municipales de saneamiento.
La evolución de las exigencias ambientales y el mayor conocimiento sobre contaminantes persistentes hacen que la gestión integral de los lixiviados en vertederos cobre cada vez mayor importancia.
La clave estará en adaptar cada solución a las características concretas del residuo y garantizar que las corrientes concentradas reciban un tratamiento y destino adecuados.
La gestión de lixiviados en España se desarrolla dentro de un marco formado por normativa europea, estatal y autonómica que establece obligaciones para la protección de las aguas y el control de las emisiones procedentes de los vertederos.
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