Como organización que representa a toda la cadena de valor del sector del reciclaje, incluyendo a los ámbitos de la fragmentación y la postfragmentación de vehículos, FER ha participado activamente durante la tramitación del Reglamento, trasladando a las instituciones europeas la visión técnica de una industria estratégica para la gestión de los vehículos fuera de uso.
La relevancia de este flujo de residuos es significativa. Solo en España se dieron de baja para su tratamiento más de 671.000 turismos y vehículos comerciales ligeros durante 2025, mientras que en Europa circulan más de 248 millones de turismos y furgonetas. Se trata, por tanto, de uno de los residuos con mayor impacto económico y ambiental dentro de la economía circular en automoción.
Entre los aspectos que FER considera más positivos figura la obligación, por primera vez, de incorporar plástico reciclado procedente de residuos posconsumo en la fabricación de vehículos nuevos. El Reglamento establece un contenido mínimo del 15 % seis años después de su entrada en vigor y del 25 % a los diez años, una medida que la Federación considera clave para impulsar la demanda de materiales reciclados y avanzar hacia una mayor circularidad en el sector.
Asimismo, la organización valora favorablemente que los fabricantes deban elaborar estrategias de circularidad, declarar el contenido reciclado de sus vehículos y crear un pasaporte digital de circularidad, medidas que contribuirán a mejorar la trazabilidad de los materiales y la gestión de los vehículos al final de su vida útil.
Otro de los avances destacados es el endurecimiento de los controles sobre la exportación de vehículos usados, con el objetivo de evitar que residuos de vehículos sean enviados fuera de la Unión Europea bajo la apariencia de vehículos de segunda mano. Para FER, esta medida permitirá reforzar el control sobre el tratamiento adecuado de estos residuos y favorecer una gestión más eficiente de los recursos.
Sin embargo, la Federación considera que estos avances conviven con decisiones regulatorias que pueden perjudicar gravemente al sector del reciclaje sin traducirse necesariamente en mejoras ambientales reales. En este sentido, recuerda que el Reglamento constituye únicamente el marco general y que ahora será necesario desarrollar una amplia normativa secundaria que determinará cómo se aplicarán estas medidas en la práctica.
“El Reglamento es solo el tronco del árbol; ahora queda desarrollar todas sus ramas en forma de legislaciones secundarias, que determinarán cómo se aplican realmente estas medidas; y ahí es donde será fundamental que se escuche al sector del reciclaje para evitar efectos no deseados”, explica Ion Olaeta, presidente de FER.
La principal preocupación de la Federación se centra en las nuevas exigencias de calidad impuestas al acero reciclado y al aluminio reciclado recuperados de los vehículos fuera de uso. La reducción de determinados elementos presentes en el acero fragmentado y la obligación de separar progresivamente diferentes calidades de aluminio obligarán a realizar importantes inversiones en tecnologías de separación y clasificación.
Según FER, estos requisitos incrementarán considerablemente los costes de tratamiento sin que exista evidencia suficiente de que aporten beneficios ambientales equivalentes. La organización recuerda que la recuperación de metales procedentes de los vehículos fuera de uso es actualmente una actividad altamente eficiente y consolidada dentro de la industria europea del reciclaje.
“La recuperación de metales procedentes de vehículos fuera de uso es hoy una actividad altamente eficiente y consolidada, por lo que introducir obligaciones que encarecen el proceso sin mejorar los resultados ambientales supone poner obstáculos que actualmente no existen”, señala Olaeta.
La Federación también cuestiona la obligación de desmontar previamente determinados componentes, como motores eléctricos completos o llantas, antes de proceder a la fragmentación de los vehículos. A juicio de la organización, la legislación debería mantener un enfoque tecnológicamente neutro que permita a cada instalación aplicar los procesos más eficientes en función de sus capacidades y características operativas.
“La legislación debería ser tecnológicamente neutra y permitir que cada instalación utilice los procesos más eficientes. Durante más de veinte años el sector ha evolucionado para simplificar y optimizar el reciclaje y ahora imponer determinadas operaciones puede incrementar los costes sin aportar una mejora ambiental proporcional”, añade el presidente de FER.
A estas preocupaciones se suma una contradicción que la Federación identifica en el propio texto europeo. Mientras la normativa obliga a recuperar un porcentaje creciente del plástico presente en los vehículos al final de su vida útil, mantiene unos objetivos relativamente modestos para incorporar plástico reciclado en los vehículos nuevos e incluso contempla excepciones cuando exista escasez de material o aumenten los precios.
“Se exige reciclar más plástico, pero no se garantiza que exista un mercado que lo consuma”, afirma Olaeta. “Sin una demanda sólida de materiales reciclados será muy difícil consolidar las inversiones necesarias para avanzar en una verdadera economía circular”.
Para FER, el nuevo Reglamento representa una oportunidad para seguir avanzando hacia un modelo más circular en el sector de la automoción, pero considera imprescindible que el desarrollo de la normativa secundaria corrija estos desequilibrios y tenga en cuenta la experiencia de una industria que lleva décadas contribuyendo al aprovechamiento eficiente de los recursos.
“Valoramos el esfuerzo realizado por las instituciones europeas y compartimos el objetivo de impulsar una economía circular más ambiciosa; sin embargo, es necesario que las futuras normas encuentren un equilibrio entre la protección ambiental, la viabilidad industrial y el desarrollo de mercados sólidos para los materiales reciclados”, concluye Ion Olaeta.
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