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España ha perdido el 50% de su capacidad de cogeneración industrial entre 2020 y 2025, una situación que el sector considera crítica y que podría agravarse en los próximos años si no se aprueban de forma inmediata las subastas pendientes y medidas transitorias que permitan mantener operativas las instalaciones existentes.
Así lo ha advertido el director general de ACOGEN, Javier Rodríguez, durante una jornada organizada junto a ASCER en Castellón, donde señaló que dos de cada tres plantas de cogeneración podrían estar paradas en 2030 si el Gobierno no culmina el marco regulatorio previsto y el Congreso no aprueba medidas de continuidad antes de que finalice el verano.
Actualmente, 320 instalaciones, equivalentes a 2.000 MW de potencia, han cesado su actividad tras agotar su vida útil retributiva sin que se hayan convocado las subastas prometidas para su renovación. Como consecuencia, la aportación de la cogeneración a la generación eléctrica nacional ha caído del 12% al 6% en apenas cinco años.
El sector alerta de que las consecuencias van mucho más allá del ámbito energético. Según sus estimaciones, la pérdida de cogeneración supone cada año:
Además, advierte de efectos sobre la seguridad de suministro, la calidad del sistema eléctrico y la competitividad de numerosos sectores industriales.
Las asociaciones del sector atribuyen esta situación al retraso acumulado de cuatro años en la convocatoria de las subastas de cogeneración. Solo en 2025 finalizaron su periodo regulado 60 instalaciones, con una potencia conjunta de 400 MW, mientras que entre 2026 y 2029 perderán su concesión otras 100 plantas, equivalentes a 1.000 MW adicionales.
El Gobierno prevé aprobar antes del 30 de junio el Real Decreto y la orden ministerial que regularán las futuras subastas de 1.200 MW de cogeneración, un mecanismo autorizado por la Comisión Europea en enero de 2026 dentro del régimen de ayudas de Estado.
La primera convocatoria podría celebrarse entre octubre y noviembre, movilizando inversiones superiores a 1.800 millones de euros y atrayendo entre 100 y 200 industrias en las diferentes rondas previstas hasta 2028.
El nuevo esquema incorpora mejoras valoradas positivamente por la industria, como la inclusión de nuevas inversiones elegibles vinculadas a la transición energética:
También elimina la obligación de autoconsumo que limitaba la participación de determinadas industrias y adapta los requisitos a los criterios europeos de alta eficiencia energética.
Sin embargo, el sector mantiene su preocupación por la futura retribución regulada a la operación, un aspecto que todavía no se conoce y que será determinante para la viabilidad económica de las inversiones. “No pedimos privilegios; pedimos condiciones justas para operar, competir e invertir”, afirmó Javier Rodríguez durante su intervención.
Paralelamente, ACOGEN, COGEN España, ADAP, ANEO y AEVERSU han promovido diversas enmiendas durante la tramitación de la Ley de Comercio de Emisiones para permitir que las instalaciones cuya vida útil regulada ha expirado puedan seguir funcionando hasta 2031 mientras se ejecutan las nuevas inversiones.
El sector considera esta medida una red de seguridad imprescindible para evitar cierres irreversibles antes de que entren en servicio las futuras plantas renovadas.
La situación preocupa especialmente a la industria cerámica de Castellón, uno de los sectores más dependientes de la cogeneración. Las fábricas de azulejos y pavimentos utilizan esta tecnología como infraestructura energética esencial para reducir consumos, mejorar la eficiencia y mantener la competitividad internacional de sus exportaciones.
Para el sector, garantizar la continuidad de la cogeneración resulta clave no solo para la transición energética, sino también para preservar la actividad industrial, el empleo y la competitividad de numerosas industrias españolas.
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