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La compañía HATTA Energy ha anunciado la inminente presentación de una querella criminal contra cinco altos funcionarios de la Agencia Tributaria (AEAT) por la falta de resolución de su expediente como operador confiable, una situación que, según la empresa, le está causando un grave perjuicio económico y distorsiones en el mercado.
La empresa, con sede en Oleiros (A Coruña), denuncia que el silencio administrativo por parte de la Delegación Especial de la AEAT en Galicia la mantiene en un limbo legal desde enero, pese a cumplir los requisitos exigidos para obtener esta figura.
HATTA asegura que la falta de resolución le obliga a adelantar el 110 % del IVA en cada operación, lo que genera tensiones financieras y afecta directamente a su actividad. Además, advierte de que esta situación tiene consecuencias en la libre competencia y puede influir en el precio final de los carburantes que pagan los consumidores.
La compañía es la cuarta operadora española de hidrocarburos y un actor clave en el suministro a gasolineras independientes, que representan más del 40 % del total nacional.
La empresa califica la actuación de la Administración como una posible “prevaricación” y habla de una supuesta “trama corrupta” integrada por cinco funcionarios, entre ellos el delegado de la AEAT en Galicia y una jefa de área de la ONIF en Madrid.
Según HATTA, existiría una estrategia de “persecución selectiva” destinada a dificultar su operativa y favorecer la concentración del mercado de combustibles. La querella, que complementa una denuncia previa ante la Fiscalía Anticorrupción, señala posibles delitos como retardo malicioso, denegación de auxilio, coacciones y vulneración de derechos fundamentales.
El plazo legal de tres meses para resolver el expediente expiró el pasado 6 de abril sin respuesta por parte de la Administración. Desde entonces, la empresa sostiene que la falta de resolución es deliberada y orientada a perjudicar su actividad.
Ante este escenario, HATTA ha anunciado que actuará por la vía judicial para defender su posición en el mercado y proteger su reputación empresarial, en un contexto en el que la compañía, con una facturación de 3.500 millones de euros en 2025, aspira a consolidarse como uno de los principales distribuidores de carburantes en España.
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