El contexto de las tarifas del agua en España
España enfrenta un alto estrés hídrico, con un consumo urbano que representa solo el 12-15% del total, frente al 80% destinado a la agricultura. Sin embargo, las tarifas del agua en las ciudades españolas se sitúan en 2,23 euros por metro cúbico en 2025, un 43% por debajo de la media europea. Países como Dinamarca registran precios de hasta 9 euros por metro cúbico.
Según Sofía Tirado Sarti, esta situación genera un déficit en la recuperación de costes, especialmente en inversiones, lo que limita la capacidad de adaptación a retos futuros como sequías y aumento de la demanda.La heterogeneidad territorial es notable: para un hogar medio que consume 150 metros cúbicos al año, la factura anual oscila entre menos de 150 euros en algunas regiones y más de 500 euros en otras, con diferencias de hasta el 300% a nivel local. A pesar de estos precios bajos, el esfuerzo económico para las familias es mínimo, representando menos del 0,84% de la renta familiar, por debajo del umbral del 3% establecido por la ONU para considerar un servicio asequible. En comparación, servicios como la telefonía o internet absorben alrededor del 3% de los presupuestos familiares.
Tirado Sarti explica que las tarifas en España no cumplen plenamente con el principio de recuperación de costes establecido en la Directiva Marco del Agua de la UE, lo que se agrava por la descentralización municipal y la ausencia de un regulador nacional.
"La evidencia empírica muestra que los ciudadanos españoles podrían estar dispuestos a aceptar aumentos moderados en la factura del agua si a cambio se garantiza el acceso a un recurso en cantidad y calidad suficientes", afirma la autora en su análisis.
Disposición al pago: hallazgos de la encuesta
El núcleo del estudio se basa en una encuesta realizada por el Real Instituto Elcano a 1.400 personas mayores de 18 años en seis comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. La investigación, llevada a cabo entre febrero y marzo de 2025 mediante entrevistas telefónicas asistidas por ordenador (CATI), incorpora elementos de la teoría de la acción razonada y del comportamiento planificado. Se utilizó un modelo de regresión logística para analizar la disposición al pago (DAP), considerando variables como renta, educación, percepciones, confianza institucional y preocupación por los problemas hídricos.
Los resultados indican que el 49% de los encuestados está dispuesto a pagar más para financiar inversiones que aseguren un suministro suficiente y de calidad. La DAP media se sitúa en 9,4 euros mensuales adicionales por hogar, partiendo de una base hipotética de 30 euros. Todos los dispuestos aceptarían un incremento de hasta 3 euros, y más del 50% tolerarían hasta 10 euros más al mes.
Factores que influyen positivamente en la DAP incluyen la autoeficacia percibida para reducir el consumo (aumenta la probabilidad en 15 puntos porcentuales), una renta media o alta (12-15 puntos más), la percepción de que el precio actual es bajo (12 puntos más), la preocupación por los retos hídricos, el nivel educativo y la confianza en las instituciones. Por el contrario, recordar el importe de la factura, posicionarse ideológicamente en la derecha o ser mujer reduce la disposición.
Los motivos principales para aceptar incrementos son garantizar el abastecimiento universal (35%), promover el uso eficiente (30%) e invertir en infraestructuras (29%). Entre los que rechazan, el 42% considera que el coste actual ya es alto, y el 25% desconfía en la gestión.
Sofía Tirado Sarti destaca que "este resultado cuestiona un debate habitual sobre la dicotomía existente entre apelar a la conciencia social y recurrir a señales de precio: una mayor conciencia sobre los retos del agua refuerza, y no debilita, la disposición al pago".
Además, existe una brecha informativa significativa: el 35% de los encuestados no recuerda el importe de su factura, el 18% no la revisa nunca, y solo el 44% presta atención al consumo y al precio. Estas percepciones distorsionadas, donde el 33% ve el agua como un servicio caro pese a su bajo peso en el presupuesto, subrayan la necesidad de mejorar la comunicación.
Recomendaciones y conclusiones
El análisis complementa la encuesta con 12 entrevistas semiestructuradas a operadores, asociaciones, ayuntamientos y expertos, confirmando la necesidad de reformas. Tirado Sarti recomienda reforzar la transparencia, simplificar las facturas y visibilizar los "servicios invisibles" del agua, como el tratamiento y la depuración, para legitimar tarifas alineadas con los costes reales y los objetivos de resiliencia hídrica.
"Reforzar la transparencia, simplificar las facturas y visibilizar los servicios “invisibles” del agua es clave para legitimar socialmente una tarificación coherente con los costes reales y con los objetivos de resiliencia hídrica", señala la autora.En conclusiones, el estudio aboga por un debate más amplio que incluya la contribución de todos los usuarios, superando sensibilidades políticas para lograr una gobernanza sostenible.
En un año en que las tarifas en España aumentaron un 12% respecto a 2023, y con incrementos similares en Europa (8-9%), este análisis proporciona evidencia empírica valiosa para policymakers. La publicación, fechada el 24 de febrero de 2026, invita a repensar la gestión del agua urbana en un país vulnerable al cambio climático.
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