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La Unión Europea avanza en su estrategia de descarbonización con la implantación de un nuevo impuesto al CO₂ que afectará de forma directa al coste de la energía térmica en edificios y sectores industriales.
Aunque su aplicación estaba prevista inicialmente para 2027, la Comisión Europea decidió en noviembre de 2025 posponer su entrada en vigor al 1 de enero de 2028, otorgando un margen adicional de adaptación a Estados miembros, empresas y consumidores.
Este nuevo mecanismo, conocido como el Sistema de Comercio de Emisiones para edificios y transporte por carretera, introduce un precio al carbono asociado al uso de combustibles fósiles como el gas natural y el gasóleo. A diferencia del sistema actual, que grava principalmente a grandes instalaciones industriales y al sector eléctrico, este esquema se dirige a los proveedores de combustibles, que deberán adquirir derechos de emisión por el CO₂ liberado en usos térmicos y de movilidad. No obstante, el impacto económico se trasladará de forma automática al usuario final a través de la factura energética.
Las estimaciones iniciales sitúan el precio del carbono en torno a los 45 euros por tonelada de CO₂, lo que supondrá un incremento del coste del combustible de entre 10 y 15 euros por megavatio hora. A precios actuales, este sobrecoste puede traducirse en una subida de entre el 20 % y el 30 % del coste total de la energía térmica para edificios residenciales, terciarios e industriales que dependen de calderas de gas o gasóleo. Un escenario que introduce una elevada incertidumbre económica y refuerza la necesidad de alternativas energéticas estables y descarbonizadas.
En este contexto, las redes de calor sostenibles cobran un protagonismo creciente como solución estructural frente al encarecimiento del CO₂ y de los combustibles fósiles. Estas infraestructuras centralizadas permiten suministrar calor a múltiples edificios a partir de fuentes renovables, como la biomasa cien por cien renovable y sostenible, conforme a las directivas europeas de energías renovables, reduciendo de forma drástica las emisiones y eliminando la exposición directa a impuestos, recargos y mercados de derechos de emisión.
Las redes de calor de Rebi, basadas en la biomasa de origen local y gestionadas con criterios de eficiencia y sostenibilidad, representan un modelo consolidado de transición energética aplicada al calor. Al tratarse de una fuente renovable y neutra en emisiones según la normativa europea, el suministro térmico queda desvinculado del precio del carbono, ofreciendo a administraciones públicas, empresas y comunidades de propietarios una mayor previsibilidad de costes a largo plazo.
Además del beneficio ambiental, la conexión a una red de calor sostenible permite eliminar inversiones en calderas, reducir costes de mantenimiento y mejorar la seguridad de suministro, al tiempo que contribuye al desarrollo económico local mediante el aprovechamiento de recursos forestales gestionados de forma responsable.
Con la entrada en vigor del nuevo impuesto al CO₂ en el horizonte, la planificación energética de edificios y ciudades se convierte en una decisión estratégica. Apostar por redes de calor renovables anticipa el cumplimiento de los objetivos climáticos europeos y protege a los consumidores frente a la volatilidad regulatoria y económica asociada a los combustibles fósiles. En este escenario, soluciones como las de Rebi se consolidan como una pieza clave del nuevo modelo energético basado en eficiencia, sostenibilidad y estabilidad a largo plazo.
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