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La AIE advierte que la seguridad eléctrica no depende solo de la generación, sino también de la calidad operativa de la red y del comportamiento de los activos conectados.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha señalado que el apagón del pasado 28 de abril en la península Ibérica fue consecuencia de una “rápida sucesión de fallos técnicos”, entre ellos la desconexión errónea de varios generadores, pese a que los niveles de tensión no habían superado los umbrales establecidos.
El organismo internacional incluye estas conclusiones en un anexo de su informe Perspectiva Energética Mundial 2025, donde coincide en gran medida con las tesis planteadas por Red Eléctrica de España y los investigadores europeos. Según la AIE, el sistema eléctrico ibérico mostró “fluctuaciones inusuales” en la tensión y el flujo de potencia antes de que se produjera la desconexión en cascada de varias plantas, lo que agravó la inestabilidad del sistema.
El apagón, que afectó a millones de personas, pone de manifiesto —según la AIE— que la seguridad eléctrica de los sistemas modernos no solo depende de la generación de energía, sino también de la calidad de la operación de la red y del comportamiento de todos los activos conectados.
La agencia incide en la necesidad de normas vinculantes que garanticen que los generadores solo se desconecten si se superan los límites establecidos, además de reforzar la cooperación entre operadores para evitar fallos en cadena.
La AIE también reconoce la rápida recuperación del suministro en la península Ibérica, gracias a la robustez de las interconexiones con países vecinos, los protocolos de emergencia y la capacidad de arranque en negro disponible. No obstante, advierte de que “mantener y fortalecer estas capacidades es crucial” para evitar episodios similares en el futuro.
En su análisis, la agencia identifica cuatro pilares clave para garantizar la resiliencia del sistema eléctrico: una infraestructura de red sólida e interconectada, flexibilidad para equilibrar oferta y demanda, soluciones técnicas que refuercen la estabilidad, y la adaptación de los marcos regulatorios a los nuevos desafíos tecnológicos y del mercado.
“Los costes económicos de los apagones son muy elevados”, recuerda la AIE, que cita los casos de Chile y España este año como ejemplo de cómo una interrupción puede tener un “efecto dominó” y afectar a millones de usuarios.
Por su parte, el Gobierno español, Red Eléctrica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantienen abiertas sus propias investigaciones. La CNMC será la encargada de determinar las responsabilidades y, en su caso, incoar expedientes sancionadores, un proceso que podría prolongarse durante años.
Mientras tanto, Red Eléctrica ha reforzado su operación del sistema para evitar nuevos incidentes, una medida que conlleva un coste adicional para los consumidores. Tanto la AIE como el Ministerio para la Transición Ecológica subrayan la necesidad de reducir ese impacto económico y ambiental, ya que la activación de plantas de generación con gas durante el apagón incrementó las emisiones de CO₂.
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