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La Guardia Civil ha investigado a 36 personas físicas y dos personas jurídicas por la comisión de delitos de usurpación de aguas públicas y contra el medio ambiente. Se investigan hasta 20 delitos por el aprovechamiento de recursos hídricos con afección al medio ambiente. Durante casi un año de operación policial, los guardias civiles han llevado a cabo 110 inspecciones de infraestructuras de extracción y manipulación de aguas, principalmente en pozos, sondeos y balsas de acumulación.
El principal delito investigado es sobre una empresa de venta de materiales de construcción que durante al menos cinco años extrajo agua de pozos equivalente a un volumen de 12 millones de litros
De igual manera se ha actuado sobre captaciones ilegales de aguas superficiales donde se han detectado un total de 187 infracciones administrativas en materia de aguas, tales como, extracciones de agua sin autorización o en cantidades superiores a las autorizadas, carecer de contadores volumétricos para conocer los consumos o destinar agua a un uso no autorizado.
También se han detectado otro tipo de infracciones como son la apertura de pozos o sondeos, la construcción de balsas y depósitos sin licencia urbanística o la transformación de suelo de cultivo de secano a regadío de manera ilegal.
Estas conductas se han visto agravadas por la situación hídrica existente durante meses en la provincia, que estaba declarada como “sequía persistente”, estableciéndose incluso restricciones de agua en algunas zonas.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Málaga, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medioambiente de Málaga, que han contado con la participación del Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía y de los Guardas Fluviales y agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
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