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La Administración Pública confía en la acreditación como herramienta para alcanzar sus objetivos en materia de eficiencia energética, en concreto, recientemente, en el marco del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) al exigir la acreditación de ENAC a los verificadores de ahorro energético.
El Día Mundial de la Eficiencia Energética, que se celebra el 5 de marzo, invita a reflexionar sobre el uso racional que le damos a la energía, un asunto de prioridad absoluta tanto en las agendas políticas como para los consumidores, dado el carácter limitado de las fuentes energéticas tradicionales, el aumento de su precio o el impacto ambiental de la generación y el consumo de energía.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 es la pieza clave en todo el proceso de transición ecológica que ha de implementarse en nuestro país para alcanzar los objetivos de la Unión Europea en materia de eficiencia energética: un 32,5% de ahorro para 2030.
En este marco, la acreditación se ha posicionado como una de las herramientas cada vez más utilizada por la Administración para garantizar la seguridad e integridad de actividades de evaluación y control que intervienen en sectores clave para las políticas públicas como es el de la eficiencia energética.
Ejemplo de ello son las diferentes regulaciones aprobadas recientemente y que incorporan la acreditación, entre las que cabe destacar el Real Decreto 36/2023, que regula el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) y que pone a disposición del mercado una nueva herramienta para alcanzar los objetivos de ahorro de energía comprometidos con la UE, que ha incorporado la acreditación con el objetivo de aportar una mayor fiabilidad a los informes de verificación.
Con ese objetivo, ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, ha trabajado con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el desarrollo del correspondiente esquema de acreditación y está en disposición de acreditar a las entidades de evaluación para esta actividad.
De la misma forma, la acreditación es una pieza clave tanto en el Real Decreto 692/2021, por el que se regula la concesión directa de ayudas a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico y que exige que las luminarias LED estén certificadas por un organismo acreditado, como el Reglamento de Eficiencia Energética en las Instalaciones de Alumbrado Exterior, cuyo objetivo es la mejora de la eficiencia y ahorro energético, o la utilización de entidades de inspección acreditadas por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para comprobar que las instalaciones de cogeneración de energía eléctrica cumplan con los requisitos legales de eficiencia.
Respecto a la generación distribuida y el fomento de la autoproducción de energía renovable, la labor tanto de las entidades de certificación como de los laboratorios de ensayo acreditados ha pasado a ser fundamental al actuar como garantía de una correcta conexión a la red general de distribución de las instalaciones y elementos de generación.
Asimismo, los laboratorios acreditados y las entidades de certificación de producto juegan un papel esencial a la hora de aportar confianza sobre el cumplimiento de requisitos de calidad y seguridad en productos y componentes energéticos como aerogeneradores, biocombustibles y módulos y sistemas fotovoltaicos, entre otros. Además, en el ámbito del consumo eficiente, estos laboratorios ofrecen garantías sobre los ensayos de eficiencia de luminarias, lámparas y módulos LED y equipos de climatización.
Finalmente, la certificación acreditada de personas está aportando garantías sobre la competencia técnica de distintos profesionales que han surgido como consecuencia de la creciente demanda de especialistas en eficiencia energética, como los gestores y auditores energéticos o técnicos en certificación energética en viviendas.
