PRODIA, S.L.P.

La asociación reclama objetivos más ambiciosos, mayor agilidad administrativa y un marco regulatorio homogéneo que permita aprovechar el potencial del biometano para impulsar la economía circular y reducir la dependencia energética exterior.

ITG presenta nuevas soluciones basadas en inteligencia artificial, IoT y energía compartida para acelerar la transición energética en el rural, combatir la pobreza energética y facilitar el acceso a energías renovables en España y Portugal.

La Comunidad de Madrid entregará el próximo 18 de junio los primeros Premios Canal de Isabel II, unos galardones de ámbito nacional e internacional que distinguirán a profesionales, instituciones y ciudades por su contribución a la innovación, la sostenibilidad y la divulgación en el sector del agua.

La publicación, editada con la colaboración de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, ofrece a operadores públicos y municipios un marco metodológico práctico y recopila dieciséis experiencias de adaptación replicables en toda España.

José Manuel Entrecanales, presidente de ACCIONA Energía, aseguró durante la Junta General de Accionistas de la compañía que la electricidad renovable ha pasado de ser una alternativa energética a convertirse en un auténtico activo de seguridad nacional para Europa.

La Comunidad de Madrid implantará un innovador sistema de alerta temprana para monitorizar la calidad del agua en los 13 embalses gestionados por Canal de Isabel II. El proyecto, aprobado por el Consejo de Gobierno, contará con una inversión superior a 2,5 millones de euros y un plazo de ejecución de cinco años.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha iniciado hoy la consulta pública previa del Anteproyecto de Ley de transposición de la Directiva (UE) 2024/3019, de 27 de noviembre de 2024, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (TARU). La norma europea, que entró en vigor el 1 de enero de 2025 y debe incorporarse al ordenamiento jurídico español antes del 31 de julio de 2027, supondrá una renovación profunda de la depuración en España al derogar la antigua Directiva 91/271/CEE de 1991.