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El desarrollo territorial está estrechamente vinculado con la gestión del agua. Las sociedades que han logrado garantizar un acceso sostenible, equitativo y resiliente al recurso hídrico han establecido las c
En este marco, la seguridad hídrica —entendida como la capacidad de los territorios para disponer de agua en calidad, cantidad y oportunidad suficientes para el bienestar humano, la actividad productiva y la protección de los ecosistemas— constituye un elemento fundamental para el desarrollo territorial sostenible.
En Europa, y particularmente en España, el desarrollo urbano, la mejora sanitaria y el progreso económico han estado históricamente ligados a la inversión en políticas e infraestructura hídrica. Como ejemplo, la creación del Canal de Isabel II en 1851 permitió dotar a Madrid de un sistema de abastecimiento desde la sierra del Guadarrama, cuya intervención impulsó el crecimiento planificado de la ciudad, mejoró la salud pública, facilitó la industrialización y consolidó una red de servicios que aún hoy es un referente.
En general, la gobernanza hídrica española ha estado sustentada en la gestión integrada por cuencas, y de la mano con la modernización de los servicios y, entre otros, la adopción de tecnologías digitales, han mantenido al agua como eje de equidad territorial y de cohesión social.
Por su parte, en América Latina y el Caribe (ALC), los avances en seguridad hídrica han sido heterogéneos. En muchos casos, la falta de planificación, la dispersión institucional y la escasa inversión han perpetuado desigualdades, especialmente en zonas rurales y periurbanas. Sin embargo, también se registran experiencias valiosas.
El gran desafío sigue siendo consolidar una visión de seguridad hídrica con enfoque territorial, que integre lo urbano y lo rural, los servicios básicos, el desarrollo socioproductivo y la gestión de los ecosistemas, así como la infraestructura convencional con las soluciones basadas en la naturaleza.
Debido a su reconocida trayectoria y legitimidad, los XI Diálogos desempeñarán un papel catalizador del proceso ministerial, ofreciendo una plataforma para compartir visiones regionales, evidencias y propuestas concretas, que en suma enriquezcan los debates de alto nivel e iniciativas como el Pacto de Decisores de Alto Nivel sobre Seguridad Hídrica y Resiliencia.
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